Los cuatro grupos terapéuticos que explicaban más del 60% del gasto, eran, por orden de importancia: cardiovascular, sistema nervioso central, antinfecciosos y aparato digestivo y metabolismo. Este consumo, superior al de los vecinos del norte de Europa, hace intuir la presencia de un mal uso del arsenal terapéutico. Mientras que en los años ochenta la prescripción irracional se debía básicamente a la indicación de fármacos de escaso o nulo valor terapéutico, en los años noventa es seguramente atribuible al empleo de medicamentos de alta potencia para problemas de salud menores. En general, existe una tendencia a que el volumen de uso global permanezca constante, a que los medicamentos nuevos desplacen a los preparados existentes y a que las especialidades más caras sustituyan a las versiones más baratas.
La actitud de la administración sanitaria ante este fenómeno es ambivalente. Por un lado, desea proteger a una industria que emplea muchos trabajadores, genera riqueza y exporta, mientras que por otra, se lamenta de tener que pagar la factura de la sanidad pública. El alto grado de descentralización en la toma de decisiones sobre este concepto, no permite aplicar el control de cada una de las partidas del presupuesto sanitario que es el principal instrumento de contención de costes. Las medidas racionalizadoras utilizadas han sido: el análisis de perfiles de prescripción, básicamente destinados a identificar bolsas de ineficiencia importantes; la incentivación económica a los profesionales, de escasa utilidad en la práctica; la reducción del margen a los farmacéuticos de oficina, la limitación de la proporción de beneficio de la industria, la reducción de la oferta y fundamentalmente el copago de los pacientes.